El censo desarrollado por el Ministerio de Educación de El Salvador (MINED) en los colegios privados permitió romper con el mito de la calidad del sector privado y confirmó los diferentes análisis que realizamos en varias oportunidades y que pocas veces fueron atendidos. El déficit de la calidad en la educación nacional persiste tanto en el sector público como en el privado.
La generalidad de la educación salvadoreña está determinada por un sector privado que continúa cobrando servicios que no proporciona y la excepción, la constituyen unos pocos colegios privados calificados en categoría A, los cuales generalmente obtienen buenos puntajes en las pruebas de aprendizajes nacionales y representan lo mejor de la educación nacional.
El sector privado de educación básica y media esta integrado por 1209 centros educativos, representa el 14% de la matricula nacional, es decir aproximadamente 242 mil 838 estudiantes de un millón 858 mil. El censo desarrollado por el MINED consistió en una verificación de la normativa de ley, creándose cuatro categorías de clasificación de dichos centros. Se detecto que 400 no cumplen con toda la legislación vigente, uno de cada tres centros no salieron bien evaluados, 9 serán clausurados y únicamente las categorías A y B tendrán autorización para funcionar entre cinco y diez años.
El centro de la calidad educativa son los aprendizajes significativos, en donde todos los factores directos como insumos, procesos y resultados deberían tener una orientación hacia la eficiencia, eficacia e impacto en el corto, mediano y largo plazo; es decir una calidad para todos y todas como fuente y base de todo derecho. Esto implica armonizar el sistema educativo en su conjunto y hasta incidir en factores asociados tales como las condiciones económicas, sociales, locales, familiares y el costo de oportunidad, para que éstos contribuyan a la calidad.
Pero ¿Qué pasa cuando la demanda no es exigente? La oferta educativa y la calidad tienden a ser mediocres. La percepción de los padres y madres de familia generalmente avala los resultados, aunque estos sean malos y se valorizan esfuerzos aislados como un todo. A pesar de contar con una apreciación objetiva basada en indicadores e investigaciones académicas que reiteran la problemática en el país, que evidencian la problemática de la calidad en el país, persiste una percepción pasiva y tolerante.
El esfuerzo de las familias se verá mejor retribuido si se registra un aumento de la información calificada, la difusión oportuna, los sistemas de evaluación constantes y una dinámica que estimule el cambio.
Debemos aplicar con rigurosidad la legislación vigente estableciendo los puentes necesarios para aumentar la competitividad y calidad de los sectores públicos y privados. Sin embargo, es determinante pasar de evaluar las condiciones mínimas establecidas en la ley como infraestructura, personal docente y acreditación de los servicios educativos, a un proceso continuo de evaluación integrada que considere de forma integral las dimensiones esenciales que influyen en los procesos fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje. Como lo indica la UNESCO que valore las características de los educandos, contexto, aportes facilitadotes, enseñanza – aprendizaje y las competencias básicas, creativas y afectivas, valores, ventajas sociales, tiempo de aprendizaje, métodos pedagógicos, evaluación , información e incentivos, tamaño de la clase, materiales, instalaciones, recursos, buena administración, entre otros. (UNESCO-EFA 2005).
La iniciativa del MINED es positiva y para consolidarla es necesario crear un Sistema de Evaluación Permanente que trascienda las bases legales actuales, de tal forma que se oriente a establecer un ranking de calidad. Esto requiere de un sistema de mejora continua de la calidad y una base de indicadores competitivos en el orden internacional.
Asimismo, hay que enfocar la calidad no solo desde la oferta educativa sino también desde la demanda. Para ello, se debe contar con un sistema de información permanente al público, generar espacios de participación y contraloría ciudadana.
Estas iniciativas de cambios pasan por la creación de una política y programas de apoyo a los centros educativos que cuentan con una visión, disposición e interés real por la comunidad educativa nacional, así como el cierre de las instituciones que se lucran de la necesidad del servicio educativo y que engañan al público. En esa perspectiva, los principales garantes del desarrollo educativo nacional es el aumento de la calidad, el acceso y la equidad del sector público, la contraloría social y el funcionamiento de la institucionalidad del Estado.
[1] Felipe Alexander Rivas Villatoro. Director Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA).
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