Niñez salvadoreña sigue desprotegida

El desarrollo integral de la primera infancia salvadoreña es ineludible. Requiere un esfuerzo nacional coordinado que se apoye en un marco jurídico competente, políticas públicas coherentes, una fuerte institucionalidad del Estado y un financiamiento básico que asegure el ejercicio pleno de los derechos de la niñez. Se demanda un giro estratégico, donde el Estado y los sectores sociales coordinen esfuerzos capaces de modificar positivamente el panorama para la infancia, donde la familia y la niñez tengan un papel protagónico y la LEPINA sea ejecutada consistentemente.

Las niñas y los niños de cero a seis años enfrentan serios problemas para acceder a la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI). Dificultades sustentadas en: la descoordinación y fragmentación institucional del sistema de protección para la niñez; la ausencia de medidas que impacten la exclusión y las desigualdades en el goce de los derechos; la vigencia de esquemas culturales y familiares que atentan contra el desarrollo integral; la tolerancia social ante las violaciones a los derechos de la niñez; los vacíos normativos, la escasa aplicación de las leyes; y, el desconocimiento de la importancia que tienen los primeros seis años en el desarrollo.

Los obstáculos responden a realidades y características socioculturales, económicas y distributivas, que influyen en el sistema de protección para la infancia. Hasta ahora, los esfuerzos impulsados por el Estado y otras instituciones, no han generado oportunidades inclusivas y de cobertura universal. Tampoco modificado las relaciones adulto-niño ni impactado la amenaza de muerte, desnutrición, maltrato, agresión sexual, abandono, trabajo infantil, negligencia y escasa estimulación temprana, especialmente en los grupos vulnerables y pobres.

En educación, de los 433 mil 576 infantes de cero a tres años, menos del 2% recibe atención estatal, pues El Salvador no tiene un programa integral para dicho segmento. En parvularia,sólo se cubreal 51% del total de cuatro a seis años; es decir que existen más de 190 mil infantes sin cobertura. Esto sin menoscabar el esfuerzo estatal por ampliar la cobertura en parvularia, que, pese a los avances, es el segmento con la menor cobertura y calidad del sistema educativo nacional. La inversión promedio por alumno es de la más baja del sistema, aproximadamente 222 dólares por estudiante. Esto responde a las limitantes de inversión educativa nacional que representa el 18.3% del gasto público total y el 2.8% del PIB.

Es evidente la fragmentación de las políticas educativas, debido a la atomización social y a la ausencia de un enfoque integral para la primera infancia, lo que también se conoce como enfoque del Desarrollo Integral Temprano. Por ello, es necesario articular un marco conceptual, filosófico, de orden estratégico, que asuma a la infancia desde la perspectiva de derechos e integralidad. Clarificar el discurso para que sea acorde a la realidad y traducible en la AEPI. Este deberá convertirse en una visión de Estado, políticamente concertada, que asegure su sostenibilidad, mediante la participación social y un cambio cultural, que propicie el empoderamiento de las familias, comunidades, organizaciones civiles y de la niñez. Exige a los gobiernos locales liderar los programas y proyectos para la infancia, con el fin de descentralizar los procesos.

El desafío es una política que garantice el pleno derecho a la educación. Implica aumentar la inversión, desarrollar programas eficaces de atención integral para la primera infancia con visión holística y buscar un consenso en las políticas de la AEPI. Además, crear un marco legal consistente -política y socialmente concertado-, articular un sistema de información actualizado, una institucionalidad sólida o un ministerio descentralizado que coordine la implementación de la política, con presencia local y alianza social.