El Salvador necesita dinamizar su economía, aumentando la inversión, la productividad y el empleo. Una oportunidad y a la vez un desafío es la innovación mediante la metodología de la Asociación Pública Privada (APP). Se considera un desafío porque conlleva riesgos políticos y financieros, al tiempo que plantea demandas específicas para su aplicación.
En ese sentido, es un imperativo diseñar una institucionalidad coherente y eficiente, adecuar el marco legal, crear facilidades financieras, lograr un consenso político y clima favorable para el asocio.
Lo anterior implica hacer una ruptura respecto a las experiencias negativas de las concesiones, privatizaciones y empresas mixtas que se generaron en las últimas décadas. De lo que se trata es de crear una nueva cultura empresarial, que vaya de la mano con compromisos nacionales capaces de aprovechar el potencial de dicha propuesta. Además, plantea la necesidad de desafiar las cargas ideológicas, crear confianzas y aperturas hacia una visión ética a favor del bienestar público; sin obviar los riesgos técnicos, de mercado, políticos y éticos que puedan existir.
Y es que los proyectos que se implementan bajo la modalidad APP son diversos. Generalmente, de largo plazo y orientados a la provisión de servicios públicos o de infraestructura pública de orden estratégico. Buscan combinar la rentabilidad social con la financiera y su equilibrio supone un financiamiento compartido, al igual que una distribución equitativa del riesgo.
Sus objetivos se encaminan hacia la búsqueda del crecimiento económico, la movilización de recursos del sector privado que no posee el Estado y aumentar la inversión privada en áreas estratégicas del país, incorporando técnicas de gestión y dirección privada, que sean de mayor eficiencia y eficacia en el servicio y la inversión pública.
De acuerdo a un estudio de Economist Intelligente Unit, encargado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), El Salvador se ubica en un índice de APP de 23.9 en una escala de 0-100, ubicándose en la posición 10 de 19 países de América Latina. El índice evalúo precisamente el marco legal, el régimen institucional, la madurez operacional, el clima de inversión y las facilidades financieras. Destaca la ausencia de legislación específica y la polarización política para establecer una legislación ad hoc o pasar leyes de contratos para proyectos específicos.
También, una evaluación de Eurosocial sobre APP destacó la diversidad de iniciativas de APP en América Latina y Europa, que representan éxitos, fracasos y lecciones aprendidas muy significativas. Las experiencias evidencian la necesidad de fortalecer el marco jurídico existente, integrar los proyectos a la planeación nacional con visión estratégica. Además resulta imperioso detectar y atender los problemas más recurrentes en cuanto a la redacción de contratos y trabajar en la disminución de los abusos que comúnmente ejecutan los proveedores. Esto implica una institucionalización y fortalecimiento de unidades rectoras dedicadas al análisis de proyectos que se realizan bajo el esquema APP.
En general, refleja el desafío nacional de generar acuerdos políticos capaces de configurar una estrategia de largo plazo, crear capacidades institucionales, un marco legal sólido y hacer los ajustes regulatorios y normativos que sean necesarios de acuerdo a la realidad económica nacional e internacional. El Salvador tiene posibilidades estatales e iniciativas privadas, lo que necesita es un impulso estratégico.
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