El financiamiento de la educación

Los esfuerzos educativos realizados en los últimos 30 años, han concentrado la cobertura educativa en los niveles de Educación Básica, respondiendo a las demandas nacionales y compromisos internacionales. Sin embargo, los niveles de educación inicial, parvularia y media representan un verdadero desafío: las bajas tasas netas de cobertura en estos niveles, son reflejo del rezago educativo existente, con implicaciones en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y en las  oportunidades para poder continuar sus estudios. 

La concentración de la inversión en el nivel de educación primaria responde a la lógica de los recursos provenientes de préstamos, del fondo general y a una dinámica internacional de concentración en ese nivel. 

La calidad educativa es el talón de Aquiles del sistema educativo nacional y su enfoque de largo plazo pasa por diferentes perspectivas que van desde la capacidad y compromiso del personal docente, hasta los ambientes educativos integrales e integradores. Los índices de repitencia, deserción y la regresividad de los procesos, causan costos invaluables en el desarrollo de la niñez, así como para el Estado Salvadoreño. 

Persiste el problema de desigualdad e inequidad en el acceso a la educación, tanto por el nivel de ingresos de las familias, como por zona geográfica, género, discapacidad y etnia. No obstante, sus formas de medición e intervención aún son limitadas. En gran medida tiene a su base los rezagos históricos estructurales del  país, así como los niveles de desarrollo e  inversión social pública. 

El Ramo de Educación en El Salvador, ha representado en la última década, una inversión promedio del 3.14% del Producto Interno Bruto y 16.61% del gasto público, porcentajes inferiores al promedio de América latina. Este bajo nivel de inversión impide que el Gobierno logre cubrir las necesidades básicas educativas del país, al tiempo que dificulta la incorporación de la demanda educativa creciente, producto del crecimiento poblacional.  

La inversión en la última década se concentra en el nivel de Educación Básica, con una suma promedio de US$358.10 millones. Esto implica que el costo anual por alumno, por nivel, es de US$281.56, uno de los más bajos de América Latina. Lo que no permite un enfoque de cobertura plena y mucho menos de calidad. Los niveles de inversión en parvularia y media son de US$208.64 y  US$432.61, respectivamente.   

La inversión limitada tiene a su base el lento crecimiento de la economía, manifiesto en la baja tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto durante la década y su consiguiente baja recaudación fiscal, así como a los limitados recursos asignados al Ramo. Sin embargo, la sociedad salvadoreña en su conjunto, invierte un promedio del  7% del PIB (incluye aporte de gobierno, familias, ONG, empresa privada, cooperación, universidades y municipalidades). Esos recursos adicionales, deberían aportar a calificaciones o competencias complementarias (tecnología, idiomas, competencias ciudadanas, desarrollo habilidades para la vida, etc.) y no a las competencias básicas, que deberían de garantizarse por parte del gobierno.

En relación al cumplimiento de las metas adquiridas en Educación para Todos (EPT), se requiere el equivalente a un 7% del PIB. Estas proyecciones, en el contexto económico actual del país, nos llevan a concluir que de mantener el nivel de inversión actual, no se contará con los recursos financieros necesarios para poder cumplir con los compromisos internacionales en EPT y mucho menos para poder cumplir con las metas de  universalización de la educación.

Lo anterior plantea la necesidad de establecer por la vía política y legal, un instrumento que permita garantizar el incremento continuo y constante del presupuesto de educación hasta alcanzar la meta, establecer una política de Estado con un plan estratégico al 2030, entre otros.

(Estudio: El financiamiento de la educación en El Salvador)