La niñez salvadoreña ya cuenta con un nuevo marco legal que le protege, además de ordenar y regular las políticas orientadas a favorecer su desarrollo. La ley llega tarde y ha sido una deuda social desde la ratificación de la Convención sobre los derechos del Niño (1990), sin embargo, es necesaria y urgente su aplicación.
Superadas parte de las divergencias que plantearon los diferentes sectores en cuanto a: violencia hacia la niñez, el rol del Estado y la Familia, los niveles de intervención de los padres y madres para corregir, los juzgados especiales para la aplicación de la nueva ley, la participación de las alcaldías y la institucionalidad para ejecutar la ley, entre otros. Ahora, es la hora de su aplicación.
En ese marco, es fundamental reiterar que mientras no exista voluntad política para su aplicación, la nueva ley será letra muerta como muchas iniciativas legales, ya la implementación requiere una solidad inversión social, una institucionalidad fuerte y una política integral de atención de la primera infancia.
La niñez salvadoreña está inserta en una dinámica económica y sociocultural compleja, y pronto sus condiciones se verán agudizadas por la crisis internacional. Los planes e indicadores sociales dan cuenta que aún no existe una política de atención integral de la primera infancia, persisten niveles inadecuados de salud y educación, violencia intrafamiliar y de género, violencia escolar, ausencia del cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. La tasa de mortalidad infantil estimada es de 16 por mil nacidos vivos. Mortalidad neonatal 9 por mil, postneonatal 7 por mil, infantil 16 por mil, en menores de 5 años 19 por mil y perinatal 19 por mil nacidos vivos.
Al analizar la realidad de la niñez de 0-6 años, desde un enfoque integral, es evidente la fragmentación de las políticas educativas generadas en los últimos 10 años. Producto de la atomización social y de la ausencia de una política integral para la primera infancia. Es claro el déficit y el abandono de miles de niños y niñas que requieren atención de la sociedad, en su conjunto. Pues, desde el Estado se atiende en educación inicial a menos del 2% y en parvularia al 51%, del total de 0 a 6 años. Más de 190 mil niños se encuentran sin educación parvularia. 172 mil 588 menores desarrollan actividades que representan ingresos para el hogar. Los más pobres de las zonas rurales son los que tienen menos posibilidades de acceso a la AEPI. Sólo universalizar la educación parvularia requiere más de 40 millones de dólares, habrá voluntad política para lograrlo?. Esto sin mencionar las graves condiciones y estigmas que enfrentan los y las adolescentes.
El desafío se concentra en una política que garantice el ejercicio pleno de los derechos promovidos en la Convención y en la nueva ley. Esto implica aumentar la inversión, desarrollar programas integrales, eficientes y eficaces –con una visión holística-. Además, generar un marco consistente -política y socialmente concertado-, articular un sistema de información actualizado, una institucionalidad sólida o un ministerio que coordine la implementación de la política, que sea descentralizado, con presencia local y una amplia alianza social.
puede bajar el proyecto de ley (versión final) aquí
Superadas parte de las divergencias que plantearon los diferentes sectores en cuanto a: violencia hacia la niñez, el rol del Estado y la Familia, los niveles de intervención de los padres y madres para corregir, los juzgados especiales para la aplicación de la nueva ley, la participación de las alcaldías y la institucionalidad para ejecutar la ley, entre otros. Ahora, es la hora de su aplicación.
En ese marco, es fundamental reiterar que mientras no exista voluntad política para su aplicación, la nueva ley será letra muerta como muchas iniciativas legales, ya la implementación requiere una solidad inversión social, una institucionalidad fuerte y una política integral de atención de la primera infancia.
La niñez salvadoreña está inserta en una dinámica económica y sociocultural compleja, y pronto sus condiciones se verán agudizadas por la crisis internacional. Los planes e indicadores sociales dan cuenta que aún no existe una política de atención integral de la primera infancia, persisten niveles inadecuados de salud y educación, violencia intrafamiliar y de género, violencia escolar, ausencia del cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. La tasa de mortalidad infantil estimada es de 16 por mil nacidos vivos. Mortalidad neonatal 9 por mil, postneonatal 7 por mil, infantil 16 por mil, en menores de 5 años 19 por mil y perinatal 19 por mil nacidos vivos.
Al analizar la realidad de la niñez de 0-6 años, desde un enfoque integral, es evidente la fragmentación de las políticas educativas generadas en los últimos 10 años. Producto de la atomización social y de la ausencia de una política integral para la primera infancia. Es claro el déficit y el abandono de miles de niños y niñas que requieren atención de la sociedad, en su conjunto. Pues, desde el Estado se atiende en educación inicial a menos del 2% y en parvularia al 51%, del total de 0 a 6 años. Más de 190 mil niños se encuentran sin educación parvularia. 172 mil 588 menores desarrollan actividades que representan ingresos para el hogar. Los más pobres de las zonas rurales son los que tienen menos posibilidades de acceso a la AEPI. Sólo universalizar la educación parvularia requiere más de 40 millones de dólares, habrá voluntad política para lograrlo?. Esto sin mencionar las graves condiciones y estigmas que enfrentan los y las adolescentes.
El desafío se concentra en una política que garantice el ejercicio pleno de los derechos promovidos en la Convención y en la nueva ley. Esto implica aumentar la inversión, desarrollar programas integrales, eficientes y eficaces –con una visión holística-. Además, generar un marco consistente -política y socialmente concertado-, articular un sistema de información actualizado, una institucionalidad sólida o un ministerio que coordine la implementación de la política, que sea descentralizado, con presencia local y una amplia alianza social.
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