Para los próximos años, se vislumbra la posibilidad de que los temas estratégicos de país se conviertan en políticas de Estado, entre ellos la educación. Temática sobre la que, durante los últimos 15 años, se ha generado un debate significativo, encaminado a lograr macro consensos. Si bien muchas de las consultas han sido limitadas hay acuerdos de priorización e importancia para el desarrollo nacional, enfocados en la necesidad de una educación integral. La proyección social del nuevo gobierno y los desafíos nacionales e internacionales hacen que sea un imperativo lograr que las políticas públicas se traduzcan en políticas de Estado. Lo que implica pasar de un sueño deseable a una realidad posible.
El reto no es sencillo, demanda la apertura y participación sostenida de todos los sectores. Debe dialogarse, concertarse y compartirse el diseño y la ejecución de la política pública. Es decir, retomar una auténtica participación sostenible, que implica diferenciar los espacios y los niveles de la participación. En los niveles se deben considerar el proceso completo: información, consulta, creación de políticas compartidas, ejecución con compromiso social de nación, contraloría social, entre otros. Incluir a los que piensan diferente, aprovechar la diversidad y logar consensos es el gran desafío. Toda política de Estado deberá ser social y políticamente concertada, y su formulación sentida por los diferentes sectores para que tenga arraigo, al mismo tiempo muy calificada, para poder lograr su trascendencia e impacto.
La oportunidad es única. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que aunque no se acepte plenamente, en algunos sectores políticos, los procesos educativos anteriores permitieron configurar una base teórica importante. Aun así, la actual administración tendrá un reto de producción propia, identificación y apropiación de las fortalezas del sistema, corregir las limitantes de corto y mediano plazo, crear rumbo estratégico con un cambio real orientado a la calidad. Esto podría ser conflictivo porque generalmente a los políticos les cuesta reconocer lo que hacen sus adversarios ideológicos y no despliegan un proceso completo de participación y concertación.
Uno de los principales riesgos es dejar pasar esta oportunidad: gestar diálogos entre los mismos y desaprovechar los aportes significativos que han sido heredados. Por ejemplo, la participación docente es uno de los pilares centrales, que no se debe limitar a las gremiales, ya que las mismas no tienen la afiliación, fuerza y capacidad suficiente para incidir en los más de 40 mil maestros y maestras. En esa línea, se tendrá que pensar en un mecanismo permanente con las gremiales y una fuerza de consulta y participación directa con todo el magisterio. Asimismo, existe diversidad de sectores determinantes de la educación que son claves en la configuración de la política y acción estratégica.
Por ello, se perciben como buenas las intenciones de crear instancias de asesoría, consulta y construcción de las políticas. Retomar la recomendación de la UNESCO de crear un Foro Permanente, las intenciones ministeriales de Consejos de alto nivel con capacidad de formulación y generación de propuestas viables, entre otros.
De forma similar, otras instancias de gobierno deben pasar de los Planes Anti-crisis a los planes de desarrollo basándose en la construcción de políticas de Estado que tengan como cimiento la participación sostenida, la diversidad y la inclusión. Es por todo lo anterior que se recomienda aprovechar la coyuntura política para marcar la diferencia estratégica y crear espacios de concertación que estimulen la planificación y ejecución de obras de alto impacto. Para lograrlo potenciemos un esfuerzo nacional que permita que esa construcción de nación no se vea impactada por las campañas electorales anticipadas, se fortalezca la institucionalidad y el tejido social.
El reto no es sencillo, demanda la apertura y participación sostenida de todos los sectores. Debe dialogarse, concertarse y compartirse el diseño y la ejecución de la política pública. Es decir, retomar una auténtica participación sostenible, que implica diferenciar los espacios y los niveles de la participación. En los niveles se deben considerar el proceso completo: información, consulta, creación de políticas compartidas, ejecución con compromiso social de nación, contraloría social, entre otros. Incluir a los que piensan diferente, aprovechar la diversidad y logar consensos es el gran desafío. Toda política de Estado deberá ser social y políticamente concertada, y su formulación sentida por los diferentes sectores para que tenga arraigo, al mismo tiempo muy calificada, para poder lograr su trascendencia e impacto.
La oportunidad es única. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que aunque no se acepte plenamente, en algunos sectores políticos, los procesos educativos anteriores permitieron configurar una base teórica importante. Aun así, la actual administración tendrá un reto de producción propia, identificación y apropiación de las fortalezas del sistema, corregir las limitantes de corto y mediano plazo, crear rumbo estratégico con un cambio real orientado a la calidad. Esto podría ser conflictivo porque generalmente a los políticos les cuesta reconocer lo que hacen sus adversarios ideológicos y no despliegan un proceso completo de participación y concertación.
Uno de los principales riesgos es dejar pasar esta oportunidad: gestar diálogos entre los mismos y desaprovechar los aportes significativos que han sido heredados. Por ejemplo, la participación docente es uno de los pilares centrales, que no se debe limitar a las gremiales, ya que las mismas no tienen la afiliación, fuerza y capacidad suficiente para incidir en los más de 40 mil maestros y maestras. En esa línea, se tendrá que pensar en un mecanismo permanente con las gremiales y una fuerza de consulta y participación directa con todo el magisterio. Asimismo, existe diversidad de sectores determinantes de la educación que son claves en la configuración de la política y acción estratégica.
Por ello, se perciben como buenas las intenciones de crear instancias de asesoría, consulta y construcción de las políticas. Retomar la recomendación de la UNESCO de crear un Foro Permanente, las intenciones ministeriales de Consejos de alto nivel con capacidad de formulación y generación de propuestas viables, entre otros.
De forma similar, otras instancias de gobierno deben pasar de los Planes Anti-crisis a los planes de desarrollo basándose en la construcción de políticas de Estado que tengan como cimiento la participación sostenida, la diversidad y la inclusión. Es por todo lo anterior que se recomienda aprovechar la coyuntura política para marcar la diferencia estratégica y crear espacios de concertación que estimulen la planificación y ejecución de obras de alto impacto. Para lograrlo potenciemos un esfuerzo nacional que permita que esa construcción de nación no se vea impactada por las campañas electorales anticipadas, se fortalezca la institucionalidad y el tejido social.
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