La aprobación de los préstamos externos en educación brinda una oportunidad para el debate nacional sobre el financiamiento necesario para sacar adelante al país que queremos, como indica uno de los títulos del Plan Nacional de Educación 2021. Además, permite transformar el escaso debate legislativo, la visión partidista y las negociaciones poco transparentes, en temas de fondo que aporte a la visión compartida de largo plazo y abone a la política de Estado que tanto requiere el país en esta área.
El tema de fondo es el financiamiento global de la educación con base a metas, estrategias y presupuestos claros, bien elaborados, coherentes y competitivos. El análisis de las necesidades educativas nacionales requiere el incremento del presupuesto nacional y de recursos externos, pero no exclusivamente de préstamos internacionales; es necesario una estrategia para captar mayores recursos del sector privado y de la cooperación internacional, a quienes se les debe recordar parte de los compromisos internacionales relacionados al financiamiento de los Objetivos del Milenio y la Educación para Todos.
Para 2006, el presupuesto de Educación es de 510 millones, 6 millones más que 2005 y 47 millones menos de lo estimado en Plan 2021 para este año. Seguimos en un 3.14% del PIB y un 17.29% del gasto público, es decir, muy por debajo del promedio latinoamericano (4.5%) y del 6% del PIB recomendado por la UNESCO y la comisión presidencial de Educación.
Nadie duda de la necesidad de invertir en educación, ya que dadas nuestras condiciones económicas y sociales, se vuelve un imperativo, sobre todo que estas inversiones incide en el círculo de la pobreza, principalmente si se acompañan de políticas económicas y sociales equitativas. Sin embargo, el análisis de los préstamos debe darse con mayor información a la ciudadanía, en un marco global de la capacidad de endeudamiento del país y en particular en el área específica de la educación para que efectivamente beneficie a los sectores menos favorecidos y se oriente a la competitividad que permitan un impacto sustantivo para el desarrollo nacional. En esa perspectiva, sería oportuno conocer los impactos de los préstamos anteriores o por lo menos información sobre la ejecución de los mismos.
Esto requiere un acuerdo político y social que precise la política de financiamiento de la educación y endeudamiento, la rentabilidad social y la sostenibilidad de las acciones, ya que generalmente se inician procesos que al finalizar los recursos externos no tiene recursos nacionales para continuarlos. Por lo tanto, se debería insistir en garantizar un incremento importante del presupuesto con fondos nacionales.
En el debate sobre los préstamos, es importante partir del compromiso nacional de apoyar la educación como base del desarrollo nacional, por consiguiente, se debería priorizar el análisis de los mismos y clarificar los aspectos centrales.
En esa perspectiva, los legisladores tendrán que considerar los principales indicadores de impacto, la orientación de los recursos hacia la calidad del servicio educativo, la focalización en las zonas rurales y urbano marginales, el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación; los niveles de auditoria social y control desde entes independientes de la sociedad civil; así como los contratos que favorezcan la libre competencia en la adquisición de bienes, obras y servicios, y detallar el rol de la empresa privada, entre otros.
El tema de fondo es el financiamiento global de la educación con base a metas, estrategias y presupuestos claros, bien elaborados, coherentes y competitivos. El análisis de las necesidades educativas nacionales requiere el incremento del presupuesto nacional y de recursos externos, pero no exclusivamente de préstamos internacionales; es necesario una estrategia para captar mayores recursos del sector privado y de la cooperación internacional, a quienes se les debe recordar parte de los compromisos internacionales relacionados al financiamiento de los Objetivos del Milenio y la Educación para Todos.
Para 2006, el presupuesto de Educación es de 510 millones, 6 millones más que 2005 y 47 millones menos de lo estimado en Plan 2021 para este año. Seguimos en un 3.14% del PIB y un 17.29% del gasto público, es decir, muy por debajo del promedio latinoamericano (4.5%) y del 6% del PIB recomendado por la UNESCO y la comisión presidencial de Educación.
Nadie duda de la necesidad de invertir en educación, ya que dadas nuestras condiciones económicas y sociales, se vuelve un imperativo, sobre todo que estas inversiones incide en el círculo de la pobreza, principalmente si se acompañan de políticas económicas y sociales equitativas. Sin embargo, el análisis de los préstamos debe darse con mayor información a la ciudadanía, en un marco global de la capacidad de endeudamiento del país y en particular en el área específica de la educación para que efectivamente beneficie a los sectores menos favorecidos y se oriente a la competitividad que permitan un impacto sustantivo para el desarrollo nacional. En esa perspectiva, sería oportuno conocer los impactos de los préstamos anteriores o por lo menos información sobre la ejecución de los mismos.
Esto requiere un acuerdo político y social que precise la política de financiamiento de la educación y endeudamiento, la rentabilidad social y la sostenibilidad de las acciones, ya que generalmente se inician procesos que al finalizar los recursos externos no tiene recursos nacionales para continuarlos. Por lo tanto, se debería insistir en garantizar un incremento importante del presupuesto con fondos nacionales.
En el debate sobre los préstamos, es importante partir del compromiso nacional de apoyar la educación como base del desarrollo nacional, por consiguiente, se debería priorizar el análisis de los mismos y clarificar los aspectos centrales.
En esa perspectiva, los legisladores tendrán que considerar los principales indicadores de impacto, la orientación de los recursos hacia la calidad del servicio educativo, la focalización en las zonas rurales y urbano marginales, el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación; los niveles de auditoria social y control desde entes independientes de la sociedad civil; así como los contratos que favorezcan la libre competencia en la adquisición de bienes, obras y servicios, y detallar el rol de la empresa privada, entre otros.
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